La Generalitat Valenciana ha adjudicado la construcción de 67 nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible en Gandia, ubicadas frente al Palacio de Justicia. Esta actuación forma parte del Plan Vive y se suma a otras 159 viviendas ya en desarrollo, alcanzando un total de 226 unidades proyectadas en la ciudad.
Inversión de 8,2 millones de euros en suelo público
La inversión destinada al nuevo proyecto asciende a 8.212.000 euros, financiada en un 26 % mediante fondos europeos Next Generation y el 74 % restante por la Generalitat Valenciana. La parcela, situada en la calle Montdúver número 60, tiene una superficie de 1.932 m² con 7.000 m² de edificabilidad. El contrato ha sido adjudicado a una unión temporal de empresas, tras un proceso de licitación que atrajo 14 propuestas, lo que refleja una alta concurrencia empresarial.
Las viviendas estarán gestionadas por la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha) y contarán con un plazo de ejecución de 24 meses. Se prevé que las obras comiencen en el segundo semestre de 2025.
Viviendas protegidas en Gandia: características
El proyecto contempla la construcción de viviendas con superficies de entre 52 y 71 m², distribuidas en una, dos y tres habitaciones. El edificio también incluirá una planta baja con espacios comunes y dos plantas subterráneas para estacionamiento, con 59 plazas en sótano y 4 en planta, además de trasteros.
Las viviendas estarán diseñadas conforme a criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, en línea con los requisitos establecidos por los fondos europeos y la normativa autonómica en materia de edificación pública.
Plan Vive: estrategia autonómica para la vivienda pública
El conjunto de estas 67 viviendas se enmarca en el Plan Vive, el programa estratégico de la Generalitat Valenciana para aumentar el parque público de vivienda de alquiler asequible. Desde el inicio de 2024, el Plan ha licitado más de 1.600 viviendas en toda la Comunidad Valenciana, con el objetivo de superar las 2.000 en ejecución durante 2025.
En el caso específico de Gandia, esta iniciativa se suma a otras actuaciones ya adjudicadas o en proceso de licitación, como otras 37 viviendas protegidas en régimen de permuta con promotores privados. En total, se alcanzan 226 viviendas públicas proyectadas en la ciudad, lo que representa un avance significativo en comparación con ejercicios anteriores.
Acceso prioritario para colectivos vulnerables
Conforme a los nuevos criterios autonómicos, al menos el 40 % de estas viviendas estará reservado para jóvenes menores de 35 años, familias monoparentales y otros colectivos en situación de vulnerabilidad social o económica. Esta medida busca garantizar un acceso justo y equitativo al parque público de vivienda, ajustado a la demanda local.
Además, la Generalitat ha destacado que este tipo de proyectos contribuyen a la dinamización del mercado de alquiler, mitigando el incremento sostenido de precios y fomentando el uso responsable del suelo público.
Reacciones institucionales
El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha valorado positivamente la adjudicación, subrayando la importancia de garantizar una oferta sostenida de viviendas asequibles en municipios como Gandia. Según Fernández, esta actuación “responde a una planificación rigurosa que busca solucionar déficits estructurales de vivienda protegida” y está alineada con los principios del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado a nivel estatal y europeo.
Desde el Ayuntamiento de Gandia, la administración local ha expresado su satisfacción con el desarrollo del proyecto, destacando el impacto social y urbanístico que tendrá sobre la zona, próxima a centros administrativos y servicios públicos.
Viviendas protegidas en Gandia
La construcción de estas 67 nuevas viviendas protegidas en Gandia representa un paso adelante en la política pública de vivienda en la Comunidad Valenciana. Con una inversión considerable y criterios técnicos definidos, el proyecto ofrece una respuesta estructural a la demanda de alquiler asequible, integrándose en un plan regional más amplio que busca garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos.
