La Policía Nacional desmantela una organización criminal en Gandia dedicada a falsificar contratos de alquiler para regularizar inmigrantes de forma masiva. Los estafadores utilizaban las viviendas de personas mayores sin su consentimiento.
Un duro golpe contra el fraude administrativo y la explotación de la vulnerabilidad se ha llevado a cabo en la capital de la Safor. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Gandia una organización criminal especializada en la obtención ilícita de datos personales y la falsificación documental. El objetivo de la banda era empadronar masivamente a ciudadanos extranjeros en el municipio a cambio de importantes sumas de dinero. La operación se ha saldado con la detención de cinco personas y la identificación de más de un centenar de registros ilegales en el padrón municipal.
Un negocio ilícito a costa de los propietarios locales
La investigación, liderada por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Gandia, se inició el pasado mes de julio. El detonante fueron varias denuncias interpuestas por ciudadanos residentes en la localidad, quienes se percataron con sorpresa de que en sus domicilios figuraban empadronadas personas desconocidas sin su autorización.
Tras las primeras pesquisas y la colaboración con el padrón municipal, los agentes destaparon una trama de empadronamientos fraudulentos en Gandia de gran escala. El balance policial arroja cifras preocupantes: se ha confirmado el registro irregular de 127 personas y se ha identificado a 15 víctimas propietarias de inmuebles. En algunos casos extremos, una sola vivienda acumulaba más de diez personas empadronadas ilegalmente sin que el dueño tuviera la menor sospecha.
Modus operandi: robo de correspondencia y víctimas vulnerables
Lo que hace especialmente grave este caso es la crueldad del método empleado. Los investigadores descubrieron que los sospechosos seleccionaban cuidadosamente a sus víctimas, centrándose principalmente en personas de edad avanzada.
Para ejecutar el fraude, los delincuentes sustraían la correspondencia directamente de los buzones de las víctimas, llegando a forzarlos si era necesario. Con las cartas en su poder, obtenían datos personales críticos y referencias catastrales reales. Posteriormente, gracias a un alto grado de especialización técnica, confeccionaban contratos de arrendamiento falsificados con una apariencia totalmente legal.
Estos documentos manipulados eran presentados ante el Ayuntamiento para tramitar las altas en el padrón. De esta manera, facilitaban la inmigración irregular, permitiendo que los «clientes» de la red pudieran solicitar posteriormente permisos de residencia, tarjetas sanitarias y otros derechos administrativos en España, todo ello basado en una residencia ficticia.
Una estructura criminal rentable y organizada
La organización no actuaba de forma improvisada. Según fuentes policiales, la red operó de manera continuada y estable entre abril de 2023 y agosto de 2025. Se estima que el grupo estaba conformado por al menos ocho integrantes con roles claramente diferenciados.
El lucro económico era el motor principal de la trama. Por cada empadronamiento fraudulento, la organización cobraba cantidades que oscilaban entre los 200 y los 1.000 euros. Estas transacciones se realizaban siempre en efectivo y sin dejar rastro documental para evadir cualquier control fiscal o administrativo.
Los cálculos de los investigadores apuntan a que los detenidos habrían obtenido un beneficio ilícito superior a los 50.000 euros gracias a estos trámites, a lo que se suman al menos otros 3.000 euros procedentes de falsos alquileres.
Por estos hechos han sido detenidas cinco personas —tres hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre los 28 y los 47 años—. Se les imputan delitos de falsedad documental, estafa, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal. Tras prestar declaración, los arrestados han quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Reacción institucional: limpieza del padrón
La respuesta política no se ha hecho esperar. Adrià Vila, concejal delegado de Gobierno Interior, Seguridad y Proximidad, ha confirmado que el Ayuntamiento de Gandia se ha personado en la causa y ha colaborado activamente con la Policía Nacional durante las investigaciones.
El edil socialista ha querido tranquilizar a la ciudadanía asegurando que el proceso administrativo para regularizar la situación ya ha concluido. Según Vila, se ha procedido a dar de baja a todas las personas que fueron inscritas mediante este sistema fraudulento, por lo que «ya no constan como empadronados en la ciudad», restableciendo así la legalidad y la seguridad jurídica de los propietarios afectados.
Esta operación pone de relieve la importancia de revisar periódicamente los datos administrativos y la necesidad de proteger a los colectivos más vulnerables frente a las nuevas formas de delincuencia organizada.
Fuentes:
https://www.noticiascv.com
https://cadenaser.com
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